Me gustaría compartir algunos hallazgos y reflexiones a partir de los resultados de mi investigación “Una aproximación espacial a los femi(ni)cidios en Uruguay entre 2001 y 2019”. En Uruguay, donde vivo, el feminicidio es un problema acuciante que se mantiene en niveles alarmantes desde que existe una medición oficial (2013): la tasa oscila en 1,7 feminicidios cada 100.000 mujeres. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, es un crimen de odio y se enmarca en la violencia estructural que suelen experimentar las mujeres cis-género y trans. Todas las formas de violencias que afectan a las mujeres están condicionadas, más allá de su orientación sexual e identidad de género, por diferencias económicas, etarias, étnicas, culturales, religiosas, entre otros aspectos. En esta investigación incorporo al análisis de los feminicidios la dimensión socioeconómica, es decir, la autonomía económica de las mujeres, que hasta ahora estaba ausente en las investigaciones sobre los feminicidios realizadas en nuestro país.
La hipótesis central de este estudio sostiene que la situación de vulnerabilidad socioeconómica o falta de autonomía económica de las mujeres que viven una situación de violencia basada en género, las expone en mayor medida a sufrir un feminicidio. Cuando el Estado está ausente o sus políticas no llegan a toda la población o no logran proteger plenamente a las víctimas de violencia de género en situación riesgo de vida, contar con recursos económicos propios podría ayudarlas a prevenir estos fatales desenlaces por su propia cuenta.
Datos de registro de ONG y fuentes secundarias usadas
Partí de un conjunto de datos recolectados por la ONG Caminos, y activistas feministas que publican el mapa de Feminicidio Uruguay para el período 2001–2019. A su vez, complementé los datos de feminicidio con fuentes de datos secundarias como el Censo de Personas y Hogares (para incorporar indicadores como el de Necesidades Básicas Insatisfechas), la Encuesta Continua de Hogares (para contar con la incidencia de la pobreza) y capas de información espacial sobre barrios, municipios y localidades. A partir de estos datos estudié la relación entre la tasa de feminicidios y el nivel socioeconómico estimado para un área geográfica de interés (localidad, municipio, barrio). Al no contar con el dato del nivel socioeconómico de las mujeres asesinadas, pero sí la ubicación de su vivienda para los casos que allí se produjo el crimen, utilicé el nivel socioeconómico estimado para un área geográfica de interés (municipio, barrio) como proxy del nivel socioeconómico de la mujer asesinada.
Datos Oficiales Usados
En paralelo exploré los datos oficiales que sistematiza el Ministerio del Interior para el periodo 2013–2018. Luego, comparé los datos oficiales con los datos no oficiales y, encontré lo que ya Suárez Val (2021) ha analizado respecto a la discordancia entre los datos oficiales y los de Feminicidio Uruguay (FU). Si bien el Ministerio del Interior para contabilizar un caso como femicidio no solo considera aquellos caratulados como tal por la Justicia, sistemáticamente para los años que existe una medición oficial, contabiliza menos casos que la cantidad de feminicidios que registra FU. Entonces, la discordancia entre estas fuentes de datos representa un sub-registro por parte de quien realiza la medición oficial y esto limita los análisis que se pueden realizar a partir de los datos oficiales. Como ya adelanté, me decanté por utilizar los datos de Feminicidio Uruguay ya que presenta una serie más larga (desde 2001 al presente) y cuenta con más variables asociadas a la víctima, el feminicida y referidas al hecho en sí.
Testeo de la Hipótesis en Montevideo
Respecto a la hipótesis que guió la investigación, es decir, que la situación de vulnerabilidad socioeconómica o falta de autonomía económica de las mujeres las expone en mayor medida a sufrir un feminicidio, solo pude ponerla a prueba para Montevideo, ya que para el resto del país no contaba con la ubicación del feminicidio. Para Montevideo encontré cierta evidencia a favor de la hipótesis pero sin resultados contundentes. El análisis estadístico a partir de modelos de regresión arrojó la existencia de una relación positiva entre la incidencia de la pobreza y la tasa de feminicidio. Sin embargo, estos resultados se constataron considerando todos los datos, no así cuando se utilizaron únicamente los datos de los feminicidios ocurridos en la vivienda. Por lo tanto, solo parcialmente se puede considerar una evidencia en favor de la hipótesis planteada. Es necesario seguir profundizando en el análisis para confirmar la robustez de los resultados a lo largo del tiempo.
Concentración de Feminicidios en Zonas Vulnerables
A su vez, analicé la autocorrelación espacial de los lugares en los que ocurrieron los feminicidios con el objetivo de encontrar zonas de mayor incidencia. En este caso, el análisis espacial ha proporcionado pruebas empíricas de la concentración de un grupo de Centro Comunales Zonales (CCZs, una región administrativa de Montevideo que nuclea a un conjunto de barrios), ubicados en el centro-oeste de Montevideo, con altas tasas de feminicidios y otro grupo de CCZs, al sur del departamento, con bajas tasas de feminicidios. Dado que la zona centro-oeste presenta niveles más altos de incidencia de la pobreza y la zona sur es la región de Montevideo con niveles más bajos de incidencia de la pobreza, este resultado es una evidencia a favor de la hipótesis de la investigación.
Limitaciones de los Datos
Como puede desprenderse de lo anterior los datos de feminicidios, tanto los oficiales como los de FU, presentan limitaciones que repercuten directamente con los análisis que se pueden realizar: 1) no son completos; 2) algunas variables no son estáticas en el tiempo, porque dependen, por ejemplo, del desarrollo del proceso judicial y la investigación del caso por lo que es necesario una actualización periódica; 3) no cuentan con variables tales como ascendencia étnico-racial o identidad de género, fundamentales para realizar un análisis interseccional más completo pero que no es posible inferirlas utilizando datos secundarios sino que es necesario que hayan sido relevadas de antemano.
Reflexiones Finales
Esta investigación me permitió constatar que así como la política pública de combate a la violencia basada en género (VBG) se encuentra fragmentada en diferentes instituciones, los registros no interactúan ni se está cerca de contar un sistema de información interinstitucional que permita alertas y derivaciones conforme las víctimas de VBG transitan por diferentes organismos estatales. Este sistema interoperable entre instituciones, no solo haría más eficiente a la política pública, sino que evitaría la rectivimización de las mujeres en situación de VBG.
Una importante contribución para generar más conocimiento sobre los feminicidios sería contar con un registro estandarizado a nivel de la región como el que impulsa el proyecto de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) que está en proceso de construcción y que pude conocer en profundidad en el curso Datos y Feminicidios. Es importante que las instituciones del Estado se involucren en estos proyectos para facilitar el acceso a los datos. Es fundamental el trabajo de las organizaciones sociales y activistas en la generación de los datos de feminicidios pero también es clave que los Estados asuman la importancia de sistematizar estos datos porque solo a partir de las capacidades de éste es posible vincular diferentes fuentes de datos y asociar a los registros de feminicidio información no pública sobre las mujeres asesinadas, los feminicidas así como también, la evolución de la investigación y el proceso judicial.
Luego también, es importante una disponibilización de estos datos como datos abiertos para investigaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, sería deseable ahondar en un trabajo conjunto entre la sociedad civil y los organismos estatales correspondientes para retroalimentar el trabajo. Tener más datos y de mayor calidad no puede ser solo un objetivo en sí mismo, sino una condición necesaria para democratizar la información y fomentar más investigaciones que aporten a la prevención de los feminicidios y al debate público del tema. No se trata de contar con datos como un objetivo en si mismo, sino como un elemento más que contribuya a un cambio cultural para que la vida de las mujeres y disidencias valga lo mismo que la de un varón cis.
